Ángeles Vergara, concejal naranja: “Queremos que exista transparencia y equidad para evitar el uso de los espacios en base criterios arbitrarios o partidistas”.

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torremolinos quiere que el acceso de dos de los espacios más emblemáticos de Torremolinos, la Casa de los Navajas y el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, se realice en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y entidades. Por ello, la concejal Ángeles Vergara ha pedido al equipo de gobierno que elabore una ordenanza que regule los precios públicos por el uso privado de estos espacios.

Para Vergara, al no existir una regulación, “la gestión del uso por parte de terceros no es transparente, cuando todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a disfrutar de estos espacios, sin discriminaciones ni privilegios”. El objetivo, para la concejal de Cs es que, a través de una ordenanza, “sepamos quién, en qué condiciones y para qué utiliza la Casa de los Navajas y el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso”.

 Esta regulación, basada en criterios objetivos, es necesaria, según la concejal del partido liberal, para incentivar la creación cultural y posibilitar el uso en condiciones de igualdad para todos aquellos que puedan beneficiarse de los servicios o actividades en ambos espacios, buscando el beneficio y el interés general de Torremolinos y los torremolinenses”. 

 Ciudadanos propone que la ordenanza incluya la posibilidad de subvencionar un evento en función de su interés turístico o social. “La ordenanza debería ser sensible a eventos que, por su carácter social, por ejemplo, puedan contar con algún tipo de bonificación en las tarifas”, ha señalado la edil del partido naranja.

 La petición, presentada por Ciudadanos y que se debatirá en el próximo pleno, incluye que todas las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento o utilización de bienes, así como la prestación de servicios, deberán previamente solicitarlas y obtener las correspondientes autorizaciones, además de estar obligadas al pago de un precio público.