• La parlamentaria de Cs, Teresa Pardo, destaca que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local está dando respuesta con rapidez a “una demanda de décadas” para la modernización de las instalaciones en la Costa del Sol y denuncia que “el PSOE no hizo nada” para solventarlas

Ciudadanos ha valorado la actuación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige Juan Marín en el proceso de modernización de las sedes judiciales de la Costa del Sol. Para la parlamentaria naranja por Málaga, Teresa Pardo, la inversión prevista para este año de 2.123.701 euros es una “buena noticia” que demuestra “el compromiso ineludible de este gobierno por la mejora de estas instalaciones”.

Pardo ha recordado que la construcción de nuevas sedes en grandes municipios de la Costa malagueña responde a una “demanda de décadas” del sector judicial, ciudadanos y trabajadores, que “vendrá a mejorar la atención al ciudadano y la agilidad de respuesta de un servicio público esencial como es la administración de Justicia”. Los más de 2,1 millones, previstos en el Presupuesto de este año, irán dirigidos a las nuevas sedes en Fuengirola, Estepona, Marbella y Torremolinos.

El consejero Juan Marín reconoció este jueves en el Pleno del Parlamento Andaluz, a preguntas de Pardo, que en el último año se han realizado “grandes avances” en la construcción de estas sedes, tras lograr cerrar acuerdos de cesión de suelos con los ayuntamientos, al tiempo que se ha retomado el proyecto para un nuevo edificio en Torremolinos, proyecto que llevaba diez años paralizado y que asumirá la mayor parte de la inversión de la Junta, con 1,9 millones de euros.

Según expuso Teresa Pardo, “el abandono, la desidia y dejadez de las infraestructuras judiciales Málaga” figura en la memoria del TSJA, que constata “graves deficiencias y la dispersión, que afecta a la prestación del servicio”, una dejadez que se ha traducido en continuas y constantes peticiones de la ciudadanía, y sobre la que “el PSOE que nunca hizo nada”.

Las consecuencias de este abandono se traducen en filtraciones, humedades, o en la falta de espacio para el almacenamiento de expedientes. Pero también en dificultades para los profesionales jurídicos o los empleados de los juzgados, “que tienen un ambiente óptimo de trabajo”, según Pardo.