• Los grupos municipales de Cs en Benahavís, Marbella, Málaga, Fuengirola, Torremolinos y Cómpeta ya han registrado iniciativas para que los plenos municipales adopten medidas dirigidas a reforzar la seguridad y vigilancia de inmuebles, así como mejorar la lucha policial contra la ocupación ilegal en los barrios de estos municipios

 

Imagen de uno de los últimos plenos telemáticos celebrados en Marbella

Ciudadanos ha presentado mociones en varios ayuntamientos de Málaga para combatir la inseguridad en los barrios afectados por la ocupación ilegal de viviendas. De momento, han sido los grupos municipales de Cs en Benahavís, Marbella, Málaga, Fuengirola, Torremolinos y Cómpeta los que han registrado las iniciativas para su debate en Pleno, sin descartar que se extienda a otros municipios.

 

Las mociones van en la línea de la Proposición de Ley presentada por el partido en el Congreso para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que genera graves inseguridades en los barrios y en los bloques de vecinos, agravada desde hace años por la aparición de mafias que se aprovechan de familias vulnerables para engañarlas y extorsionarlas e, incluso, para abrir negocios delictivos en las casas ocupadas. De esta forma, vecinos y familias se convierten en víctimas de estas mafias y ven cómo la convivencia se deteriora en su propio edificio.

 

Las mociones presentadas en los cinco ayuntamientos de la provincia, pedirán la elaboración de un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno Andaluz y en consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica.

 

También se pide potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en esta lucha, en particular entre los distintos cuerpos policiales, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una rápida actuación ante las ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas. También se reclamará al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover reformas legales para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre ellas el endurecimiento de sanciones penales, la agilización de los juicios o reforzar las competencias de los ayuntamientos.