- La concejal de Cs Marbella solicita un marco normativo para evitar las situaciones de abuso de temporalidad en las administraciones publicas. Las modificaciones anunciadas por el Gobierno deben resolver la temporalidad para evitar la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo
La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, María García, ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno ordinario en la que pedirá que el Ayuntamiento de Marbella inste al Gobierno central a dotar de seguridad jurídica a los empleados públicos temporales. La edil considera necesario crear un marco normativo para evitar las situaciones de “abuso de temporalidad” en las administraciones públicas.
La propuesta también plantea que el Ayuntamiento tenga en consideración las directivas europeas en los procesos de oferta pública de empleo mientras no exista un marco legal que dé seguridad a los empleados públicos en situación de abuso de temporalidad.
María García recuerda que el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó en enero en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para el establecimiento de sistemas de inspección y régimen sancionador para las administraciones que realicen conductas abusivas en materia de contratación pública, específicamente en la contratación sucesiva de personal temporal en fraude de ley.
“Sorprendentemente, la normativa no contó con el voto favorable ni del PSOE ni del PP”, señala la concejal de la formación naranja, pese a que “en nuestro país se viene repitiendo el abuso sistemático de la temporalidad en la contratación pública”.
Para la edil, se trata de “un verdadero abuso”, porque se está produciendo constantemente un “fraude en la renovación de contratos consecutivos” bajo la falsa premisa de necesidades temporales que no son tales, como acreditan las sentencias de los tribunales.
La moción recuerda que no solo el Gobierno central abusa de la contratación temporal, sino que también la mayoría de los trabajadores temporales que dependen de otras administraciones. “Especialmente sangrante es la situación de temporalidad en las universidades públicas, en la educación y en la sanidad”, señala.
María García considera que, si las modificaciones anunciadas por el actual ministro de Política Territorial y Administración Pública van en la línea de cambiar la Ley que se infringe en lugar de garantizar su cumplimiento, “cientos de miles de trabajadores podrían perder sus puestos de trabajo”.
Además, se produciría un fuerte incremento de las demandas judiciales con el consiguiente coste en términos económicos, que sería “inasumible para las administraciones”.
“Los trabajadores temporales del sector público reclaman que se cumpla con la normativa comunitaria para que ningún trabajador temporal pueda ser cesado sin causa legal”, concluyó la edil.