• La empresa lleva 4 años prestando el servicio sin contrato, y en contra de la doctrina de la Audiencia Nacional sigue percibiendo el beneficio industrial
  • Toro exige al Ayuntamiento que recupere el dinero de los fuengiroleños

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fuengirola, Javier Toro, ha denunciado hoy que la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Fuengirola, Gestagua, está obteniendo ilegalmente desde octubre de 2017 unos beneficios de alrededor de 600.000 euros anuales. Toro ha exigido al equipo de gobierno que “reclame a la compañía la devolución del beneficio industrial obtenido en la liquidación de los cuatro ejercicios transcurridos desde que el 30 de septiembre de 2017 expiró la vigencia del contrato para, así, recuperar el dinero de los fuengiroleños, y no reconocerle este cobro cuando se realice la liquidación de las cuentas de 2021”.

 

De acuerdo con la doctrina de la Audiencia Nacional y el criterio del Consejo Consultivo de Andalucía, en el caso de los contratos cuya vigencia haya concluido y no sean prorrogables, denominados en precario, “ni el beneficio industrial, ni los gastos generales, ni el IVA, salvo prueba de que ya haya sido ingresado a la AEAT, ni los intereses de demora forman parte de la determinación del enriquecimiento”, tal y como ha recordado la Intervención del Ayuntamiento de Fuengirola en un informe referido a otro servicio, el de transporte urbano en autobús, que se presta también sin contrato, en esta ocasión desde hace dos años.

 

Beneficios del 10 por ciento

Pese a que, por tanto, el dinero que obtiene Gestagua con el servicio sólo debe servir para cubrir los costes, la multinacional francesa sigue obteniendo en concepto de beneficio industrial el 10% de los costes totales del servicio, lo que viene a ser algo más de 600.000 euros anuales para una facturación de unos 8 millones de euros al año.

 

De acuerdo con un informe técnico de la Concejalía de Hacienda facilitado al Grupo Municipal Ciudadanos, en 2018 el beneficio industrial fue de 607.243,52 euros; en 2019 la cantidad se elevó a 635.126,83 euros, y en 2020, el año en el que se inició la pandemia, fue de 591.600,45 euros. Para determinar el total de lo percibido ilegalmente a esos 1,83 millones de euros habría que sumarle la cantidad correspondiente al último trimestre de 2017, lo que se situaría en torno a 150.000 euros. Hay que recordar que esas cantidades no son abonadas por el Ayuntamiento, ya que Gestagua es quien factura a los consumidores y se queda en su poder con la parte correspondiente al beneficio industrial, al igual que con el importe necesario para cubrir todos los costes (personal, compra de agua, vehículos, mobiliario, publicidad…). Si con el cierre de las cuentas de 2021 se volviera a aplicar este criterio la cifra de beneficios ilegales podría elevarse a unos 2,6 millones de euros.

 

Nueva licitación

“Es obvio que el servicio debe continuar presentándose porque no podemos quedar sin suministro de agua y sin saneamiento, y que se deben cubrir los costes asociados a los servicios; pero la situación actual supone un incumplimiento expreso de la Ley de Contratos, tanto la que estaba vigente en el momento de la prórroga como la actual, al haber excedido la duración máxima prevista para un contrato de servicios (25 años) y la empresa no puede estar ganando dinero igual que si se hubiera obtenido una nueva licitación; ese dinero es de los fuengiroleños y el Ayuntamiento debe recuperarlo”, ha expuesto el portavoz de Cs en Fuengirola, recordando que de acuerdo con el criterio del Consejo Consultivo la empresa es “copartícipe” de esta situación y debe caer sobre ella “las consecuencias negativas”.

 

Por último, Toro ha emplazado al equipo de gobierno a que “ponga fin de inmediato a esta situación irregular” y licite de nuevo el servicio y “en unas condiciones beneficiosas” para el interés general. “El contrato inicial se amplió cinco años a cambio de obras en las redes de abastecimiento y saneamiento, y ahora, a efectos prácticos es como si hubiera habido otra ampliación por un periodo similar a cambio de nada y sin procedimiento administrativo alguno porque quien lo aprobara estaría prevaricando”, ha resumido el portavoz de la formación naranja.

 

La concesión a Gestagua se otorgó en 1992 por un periodo de 10 años, en 1995 se amplió cinco años más a cambio de efectuar obras de mejora en las redes y en 2007 se prorrogó durante diez años más. Desde el 1 de octubre de 2017 no hay contrato, por lo que la prestataria tiene en sus manos el servicio desde hace 29 años, casi el triple de lo previsto inicialmente y cuatro por encima del límite máximo legal.