El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Málaga, Gonzalo Sichar, ha comparecido este jueves en rueda de prensa junto con el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, para pedir al equipo de gobierno que proceda al desalojo forzoso e inmediato del empresario Juan Barco de las instalaciones del Centro de Arte de la Tauromaquia ubicado en la plaza del Siglo, transcurridos dos meses desde que se le comunicara la revocación de la concesión demanial de la que disfrutaba por graves incumplimientos de contrato.
Ya en el pleno del pasado mes de septiembre, la Diputación de Málaga aprobó, con los 16 votos de todos los partidos de la oposición, una moción de Ciudadanos para retirar la concesión demanial del edificio de la plaza del Siglo al coleccionista, promotor del Museo Taurino abierto en el inmueble, ante los numerosos incumplimientos de los requisitos de la concesión.
Entre los incumplimientos figura el retraso de varios meses para depositar la garantía de 157.000 euros exigida al empresario, además de haber cedido el ático y el local para su explotación por parte de dos empresas privadas, el grupo La Reserva y la franquicia Toroshopping. Estos negocios no son complementarios al contenido y uso del Museo Taurino, dado que entre las condiciones de la cesión figura la imposibilidad para subarrendar el inmueble.
El canon abonado por el empresario Juan Barco, de sólo 51.250 euros, supone además una clara “competencia desleal que pone en desventaja a los empresarios de los locales cercanos”, según ha recordado Sichar. Por si todo lo anterior fuera poco, un informe de la propia Diputación reveló en diciembre que el empresario no había abonado el canon de 2015 y 2016, y que tampoco había pagado los recibos de luz, agua e IBI. Desde el equipo de gobierno se anunció entonces que se rescindiría el contrato, y en abril se otorgaron al empresario 15 días hábiles para el desalojo, medida que no se ha llevado a cabo.
“Estamos ante un claro incumplimiento del contrato”, ha censurado Sichar, que ha calificado de “irrisorio” el canon anual fijado para el coleccionista de arte taurino, que supone “competencia desleal para los comercios de la zona”, que deben abonar alquileres muy elevados para mantener sus negocios abiertos en pleno centro histórico de Málaga.
“En Ciudadanos creemos que una vez resuelta por Diputación la resolución del contrato por incumplimiento y habiendo pasado dos meses desde que se instara al empresario a desalojar el edificio, procede un desalojo administrativo”, ha señalado Sichar, quien ha agregado que este tipo de desalojo para un particular supondría ir a los tribunales, si bien en el caso de una administración pública “podría estar terminado en ocho días”.