Gonzalo Sichar: “Las supuestas irregularidades en procesos de contratación de servicios a dedo llevan meses en boca de la ciudadanía y Bendodo no hace nada para aclararlas”.

El grupo provincial de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Málaga ha denunciado esta mañana que en lo que llevamos de año los casos de incompatibilidades en la adjudicación de contratos públicos realizados por distintas áreas del ente supramunicipal parecen multiplicarse. Por un lado, está en el ojo del huracán la adjudicación del alquiler de vehículos del parque móvil a un familiar de uno de cargos de confianza del equipo de gobierno. Por otra parte, sigue sin aclararse cómo se realizaron adjudicaciones continuadas por más de 190.000 euros a la empresa ‘TuImagina’, cuyo dueño es el cuñado de la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, y cuya pareja también trabajaba en dicha empresa. En éste último caso, Ciudadanos reclamó hace más de un mes la elaboración de un informe por parte de la Secretaría General de la Diputación “con un compromiso del Pleno que expiraba el 28 de febrero, pero sobre el que aún no hemos tenido acceso”, ha denunciado el portavoz de Cs en Diputación, Gonzalo Sichar, quien ha considerado que “este silencio hace un flaco favor a la institución en la que se representa a ciudadanos de toda la provincia: ellos tienen derecho a saber que las inversiones se realizan con todas las garantías legales”.

El pasado mes de enero se conoció la noticia de que Bravo había realizado más de 20 adjudicaciones de contratos menores (de menos de 18.000 euros más IVA) durante los últimos tres años a la empresa de su pareja y su cuñado. Y Ciudadanos, “para ser totalmente garantistas antes de acudir a la justicia y que actúe con todas las consecuencias, reclamó a la Diputación que emitiese un informe sobre el caso elaborado por la Secretaría General: un informe que siguen sin entregarnos”, ha criticado Sichar.

Cs ha denunciado que en el caso de Bravo y en de los coches de alquiler se está incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 60 prohíbe que un representante de una administración pública otorgue contratos “a los cónyuges, personas con convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad si se produce un conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación”.

Nada más tener constancia del ‘caso Bravo’ y apenas unos días después del asunto del parque móvil, todos los grupos políticos en Diputación se comprometieron a firmar una declaración responsable en la que dan fe de que ninguno de sus miembros –diputados, personal directivo de las empresas dependientes de la administración y cargos de confianza y cualquier otro trabajador– realizarán contrataciones directas de servicios o productos por menos de 18.000 euros más IVA con familiares de hasta segundo grado de consanguineidad (es decir, hasta abuelos, hermanos y cuñados). “Queremos saber si han firmado estos documentos tal y como nos comprometimos en una moción aprobada por urgencia en Pleno: que Bendodo y todo su equipo demuestre, plasmando su firma en un documento público, que la gestión de las adjudicaciones durante todo su mandato se está realizando con plenas garantías y total transparencia”, ha espetado Sichar.

En ese mismo acuerdo se instaba a que en todos los listados de contratos menores que existen en la actualidad en los portales de transparencia, se identifique a los contratistas siempre con el nombre, la razón social y el CIF de la empresa “para que ciudadanos y políticos tengan pleno conocimiento de a quién se destinan nuestros impuestos. Pero tampoco ha habido ningún paso al frente por parte del PP para poner luz y taquígrafos sobre unas contrataciones sin garantías que parecen multiplicarse en los despachos de quienes gobiernan”, ha manifestado el portavoz de la formación naranja, en clara alusión también al caso de la firma de cinco contratos menores para comidas para mayores beneficiarios del programa ‘Conociendo la provincia’ por un valor de 4.929,50 euros y que se encargaron a un ex edil del PP en Mijas obligado a dimitir.

“Las presuntas irregularidades en procesos de contratación realizadas por Movilidad, Medio Ambiente y Servicios Sociales llevan meses en boca de toda la ciudadanía. Desde el PP no se aclara ni se hace nada para acabar con esta imagen de ‘enchufismo’ que se transmite a todos los vecinos de Málaga”, ha censurado Sichar.

Para concluir, el portavoz naranja ha denunciado que el PP, además de la entrega del informe de la Secretaría General, debe comprometerse a no seguir incumpliendo de Ley de Contratos Públicos. “Esta situación no puede continuar así por más tiempo. Por ello, si de aquí al próximo pleno no se facilita el informe que reclamamos actuaremos en consecuencia”, ha concluido el portavoz.