Gonzalo Sichar: “Actualmente la única forma que tiene el contribuyente de demostrar que no tiene que abonar el impuesto es pidiendo un informe de tasación, que puede ser más caro que el impuesto en sí”.

Ciudadanos (Cs) va a registrar una moción para reclamar a la Diputación de Málaga que cree una oficina técnica y de atención a los vecinos de las localidades de menos de 20.000 habitantes que, en sus transacciones de venta de propiedades, están exentos del pago de las plusvalías en aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional que exime al vendedor del pago de este impuesto municipal si la operación se ha cerrado sin incremento del valor del terreno o, incluso, se ha realizado con pérdidas.

El Impuesto del Incremento del Valor de Inmuebles de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, obligaba a todos los propietarios de unos terrenos a abonar una cantidad económica conforme al valor catastral del terreno en el momento de la venta. En 2017 el Tribunal Constitucional emitió tres sentencias en las que daba la razón a los ciudadanos a los que se les había autoliquidado el impuesto y se habían visto obligados a pagar importantes cantidades de dinero pese a que la operación de venta les había perjudicado. A raíz de estos casos, el Alto Tribunal destacaba —y ha sentado jurisprudencia— que corresponde a los ayuntamientos modificar el régimen del impuesto para evitar cobrar por venta de terrenos en suelo de naturaleza urbana en los casos en los que el suelo no se ha revalorizado desde el momento de la compra hasta el de la venta. “Aún estamos a la espera de que las administraciones locales realicen estos cambios legislativos; son procesos muy lentos pero, pensamos que mientras se preparan y ratifican, la administración no puede desentenderse: es inconstitucional que se autoliquide la plusvalía municipal en todos estos casos y de ahí nace esta propuesta”, ha comentado el portavoz de Cs en Diputación, Gonzalo Sichar.

Actualmente, la única forma que tiene el vecino de evitar pagar la plusvalía cuando vende un inmueble —terreno, vivienda o edificación de naturaleza urbana— es contratando los servicios de un perito que tase el valor de mercado del inmueble actualizado y, con este documento, denominado informe de tasación, y en el plazo de un mes desde que se cierra la venta, presentarlo en el Ayuntamiento que corresponda para demostrar que no se ha lucrado con la operación. “Este servicio tiene un coste que oscila entre los 600 y los 1.000 euros, hablamos de personas que venden sus propiedades por necesidad, que no tienen capacidad económica para hacer frente a una plusvalía, con lo cual tampoco pueden abonar a un profesional un servicio que puede ser incluso más caro que lo que se pueden ahorrar demostrando que están exentos de pagar este impuesto” ha argumentado Sichar.

La solicitud que hace Cs a Diputación es, precisamente, para que sea la propia administración supramunicipal la que ponga en marcha este servicio de asesoramiento, atención y tasación actualizada de las propiedades en las localidades de menos de 20.000 habitantes. “Poner en marcha esta oficina podría beneficiar a más de 232.750 malagueños que están vendiendo sus propiedades por necesidad, no con intención de enriquecerse ni para desarrollar pelotazos urbanísticos”, ha apuntado el diputado.

El servicio que propone Ciudadanos podría funcionar con personal del Patronato Provincial de Recaudación o de Urbanismo, “delegaciones que tienen entre su personal a trabajadores cualificados para desempeñar esta tarea de asesoramiento tan necesaria para la ciudadanía de los pueblos de Málaga que tienen ya un derecho reconocido por la Justicia pero no pueden hacer frente a los costes de un perito tasador o no sabe muy bien las gestiones que debe realizar para que se les deje de cobrar un impuesto que no están obligados a abonar”.