• La formación naranja lleva al Pleno ordinario de enero una moción urgente para solicitar además al nuevo Ejecutivo que desista de crear una “mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña” y que EH Bildu se retracte de sus críticas a la Corona

El Grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Málaga llevará al Pleno de este organismo una moción urgente para reclamar de la institución su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluida la Jefatura del Estado, que se inste al futuro Gobierno Central a “no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una mesa de negociación institucional entre los Gobiernos de España y Cataluña.

En la moción, Ciudadanos también propone que la Diputación de Málaga inste al grupo parlamentario EH-Bildu a que su portavoz se retracte de las palabras contra la Corona y nuestra democracia proferidas en el Pleno de investidura del pasado 5 de enero de 2020 y a que el Ejecutivo recupere el delito de referéndum ilegal.

El Grupo Provincial de Ciudadanos considera “preocupante para nuestra democracia” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya alcanzado acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro país y se haya apoyado en un partido como EH Bildu, que no condena el terrorismo de ETA, para conseguir su investidura.

También censura que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no aplicara el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados que le obliga a llamar al orden cuando se atacan instituciones del Estado. “No podemos tolerar que, en el seno de la representación política de España, unas supuestas representantes de la Cámara llamen autoritario al jefe de Estado o digan que les importa “un comino” la gobernabilidad de nuestro país”.

Por otro lado, Ciudadanos mantiene que el actual presidente de España ha otorgado al separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre Cataluña y España como si se tratara de Estados independientes. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán.