• La parlamentaria y portavoz naranja en la Comisión de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación, Teresa Pardo, anuncia que el jueves se llevará al Parlamento la iniciativa de Ciudadanos para lograr un Pacto de Estado que cumpla con la financiación estatal para atender a este colectivo

Ciudadanos defenderá este jueves en el Parlamento andaluz su Proposición No de Ley para obligar al Gobierno Central a un Pacto de Estado por la Dependencia. “Queremos que se cumpla la Ley y se garantice unos servicios esenciales para los dependientes malagueños, los más vulnerables”, ha señalado en rueda de prensa la parlamentaria por Málaga y portavoz de Cs en la Comisión de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación, Teresa Pardo, que será la encargada de defender la propuesta.

“Es necesaria la equidad, porque el Gobierno Andaluz ha hecho un esfuerzo a pulmón para solventar este problema “, ha asegurado Pardo, tras destacar que Andalucía está a la cabeza en número de dependientes y que en el último año se han presentado 21.000 nuevas solicitudes. Así ha recordado el plan de choque elaborado por la Consejería de Igualdad, con 77 millones para ayudas a la dependencia para “solventar la situación de colapso” heredada por este gobierno, que se ha ejecutado casi en su totalidad, pero “resulta insuficiente”.

La propuesta de Ciudadanos persigue instar al Gobierno Central a que elabore un Pacto en defensa y garantía de la autonomía Personal y la Dependencia, donde se establezcan unos mínimos que garanticen la financiación al 50% de los gastos derivados de la atención a personas dependientes. Pardo ha recordado que “el Estado no está cumpliendo la Ley y está infrafinanciando” estos servicios, ya que es la Junta de Andalucía la que en este momento costea un 82% de las ayudas”.

Pardo ha añadido que “no sólo se trata de cumplir con la Ley con una financiación equitativa”, sino que además son necesarios nuevos estudios que reflejen la situación real de la dependencia ante el envejecimiento de la población, que se llegue a un compromiso para garantizar las ayudas y el mantenimiento de los recursos para los mayores de 65 años con discapacidad, así como la aplicación homogénea de la norma en todo el territorio nacional.