• El PP aprueba abonar el beneficio industrial, en contra de la doctrina de la Audiencia Nacional y del criterio de Intervención. El Ayuntamiento pagará a la empresa 518.000 euros por el primer año de servicio sin contrato en un expediente sin facturas ni justificantes

 

 

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fuengirola, Javier Toro, ha denunciado hoy que el servicio de transporte urbano en autobús lleva dos sin contrato y que la empresa prestataria, Marcelino Muñoz, SL, está recibiendo pagos de manera ilegal.

 

“El servicio fue adjudicado en octubre de 1994 por un periodo de 20 años, en 2014 el PP lo prorrogó durante cinco más, y desde octubre de 2019 estamos sin contrato”, ha explicado el portavoz de la formación naranja. Se trata del “nuevo modelo de gestión” que está implantando en Fuengirola el PP local, “situándose por encima de lo que establecen los pliegos de condiciones”, tal y como ha explicado Toro. Y es que la situación de este servicio es similar a la del contrato del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, que se adjudicó en 1992 a Gestagua por un periodo de 15 años, se prorrogó durante diez años y desde hace cuatro años se presta sin contrato.

 

De acuerdo con la doctrina establecida por la Audiencia Nacional y el criterio del Consejo Consultivo de Andalucía las empresas que prestan servicios en precario (sin contrato) no puede enriquecerse con el trabajo, pero “el Ayuntamiento de Fuengirola —ha señalado el portavoz de Cs— les está pagando el beneficio industrial, a pesar de que Intervención ha advertido de esta ilegalidad”. En el caso del autobús urbano, el beneficio industrial asciende al 6% de los gastos que genera el servicio.

 

Un expediente sin justificar

La última vez que se ordenó este pago fue ayer miércoles. El PP llevó a Pleno —y aprobó en solitario— el reconocimiento extrajudicial de deuda correspondiente al primer año de prestación del servicio sin contrato (el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020), lo que supondrá el pago de 518.485,37 euros, de los que 72.173,66 euros se corresponden al beneficio industrial.

 

Además, lo hizo sin aportar la documentación necesaria para garantizar que el pago era correcto y tras haber eludido el control de Intervención, lo que provocó que tuviera que llevarlo a Pleno en lugar de aprobarlo en el seno de la Junta  de Gobierno Local. “En el expediente no constaba ninguna factura y ni tan siquiera se aportaban justificantes de los pagos de impuestos o a la Seguridad Social ni información sobre el ERTE realizado por la empresa con motivo del confinamiento y las restricciones a la movilidad”, aseguró el portavoz de Cs en Fuengirola. Además, continuó Toro, “hay 10.500 euros en cuotas de autónomos que no sabemos si se corresponden a falsos autónomos o por qué tiene que pagarlo el Ayuntamiento, hay 4.800 euros en telefonía, hay nóminas en especie, hay pagos por pérdidas en participaciones en otras empresas y un sinfín de gastos que no sabemos de dónde salen”.

 

Por ello, el portavoz de la formación naranja ha emplazado al equipo de gobierno a “no situarse por encima de la Audiencia Nacional, del Consejo Consultivo de Andalucía y de la Intervención del Ayuntamiento” y detraer el beneficio industrial y a aportar toda la documentación que justifique el abono del resto de esos más 518.000 euros que se va a recibir la empresa, y advirtió de que no descarta llevar el asunto al Tribunal de Cuentas. Además, ha exigido al Consistorio que respete los pliegos de condiciones de los contratos y que prepare la nueva licitación del servicio, en lugar de “vivir instalado fuera de la legalidad”.