• La concejal, María García, presenta una moción al próximo pleno para que la Corporación solicite medidas tras la decisión del Tribunal Constitucional. La elaboración de los presupuestos municipales para 2022 está en el aire y Marbella dejaría de recaudar en torno a 29 millones de euros

 

 

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Marbella, María García, ha presentado una moción al próximo pleno de noviembre en la que pide que la Corporación solicite al Gobierno central un Plan de Financiación Local que complemente los ingresos de los ayuntamientos hasta que haya una nueva normativa para el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía.

 

Esta ayuda, que solicita sea incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se debería hacer efectiva desde que entre en vigor la sentencia el Tribunal Constitucional que ha anulado este impuesto y que permita a los municipios elaborar sus cuentas para el próximo año.

 

En el caso de Marbella, explica María García, la previsión de recaudación por plusvalía para 2022 era similar a la del año actual, en torno a los 29 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 17% del total de los ingresos procedentes de impuestos. También ha recordado que, durante el último ejercicio cerrado, que fue el de 2019, por este impuesto se recaudaron 24 millones de euros.

 

La concejal ha recordado que, según explicó recientemente la alcaldesa, la elaboración de los presupuestos para 2022 se ha detenido a la espera de que se aclare este asunto, una situación que puede llevar a que se retrase su aprobación y se tengan que prorrogar los actuales durante los primeros meses del año.

 

La propuesta que presenta la formación liberal reclama también que se establezca “un mecanismo cierto de compensación” para las entidades locales destinado a paliar la pérdida de ingresos por la recaudación de este impuesto.

 

También se solicita que existan garantías de que los ciudadanos van a poder seguir disfrutando de los servicios públicos en las mismas condiciones, ante la pérdida de ingreso que va a suponer la anulación de este impuesto.

 

Para Ciudadanos la plusvalía es un “impuesto injusto y confiscatorio que debe ser abolido al menos en los casos ‘mortis causa’ y con venta a pérdidas”.

 

Ante la situación generada por la decisión del Tribunal Constitucional, María García considera que “es necesario que el Gobierno central reforme con la máxima urgencia” la Ley de Haciendas Locales y, sobre todo, que instrumente una “solución inmediata” para compensar a los ayuntamientos por la eliminación de estos ingresos.

 

La edil ha añadido que han pasado cuatro años desde que el Tribunal Constitucional dictara su primera sentencia al respecto y tanto el Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, como el actual Gobierno del PSOE con Pedro Sánchez al frente, “se han negado a reformar la normativa para adecuarla a las sentencias y “así evitar las consecuencias lesivas para los contribuyentes que se estaban produciendo”.