• La compañía llega a pagar hasta dos años después de lo que exige el contrato sin ser sancionada y no existen expedientes de 2018, 2019 y 2020
  • Javier Toro: “Cobramos lo que dice Gestagua y cuando lo dice Gestagua”

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fuengirola, Javier Toro, ha denunciado hoy que el equipo de gobierno del PP “no está ejerciendo, de manera sistemática, el más mínimo control” sobre el contrato de abastecimiento de agua potable y saneamiento; unos servicios que presta Gestagua desde hace más de 29 años, cuatro por encima del límite máximo legal. “Ni la Intervención, ni la Secretaría General ni un solo técnico municipal puede certificar cuáles son los ingresos que obtiene la empresa, cuáles han sido sus gastos ni cuál es el canon que debe percibir el Ayuntamiento porque simplemente nadie revisa las cuentas”, ha expuesto Toro.

 

El equipo de gobierno no ha aprobado la liquidación de los años 2018, 2019 y 2020, y se ha limitado a recibir el ingreso del canon que Gestagua dice que le corresponde, sin que exista expediente. En algún caso no lo ha hecho hasta el mes de diciembre del año siguiente, a pesar de que el pliego de condiciones exige que se haga en el tercer trimestre y prevé sanciones por retrasos, que el PP nunca aplica.

 

En los dos años anteriores, 2016 y 2017, el Ayuntamiento se limitó a aprobar una “autoliquidación” del canon por parte de la empresa con carácter provisional. En los expedientes de esos años no consta ni un solo informe técnico que avale las cuentas presentadas por la compañía de la multinacional francesa Saur, “ni tan siquiera una mera suma de las facturas”, tal y como ha señalado el portavoz de Cs. Pese a la provisionalidad del trámite y el tiempo transcurrido los expedientes no han sido revisados, por lo que a efectos prácticos se han convertido en definitivos. “Cobramos lo que dice Gestagua y cuando lo dice Gestagua”, resume Toro.

 

Sin justificación de los ingresos

El canon que percibe el Ayuntamiento es la diferencia entre los ingresos y los costes, sumando el beneficio industrial (el 10% de los gastos), y restándole las correcciones de consumo de los abonados y las facturas impagadas (asumidas estas íntegramente por el Ayuntamiento), por lo que el control de las cuentas es imprescindible para saber qué cantidad le corresponde al Consistorio.

 

“La empresa no justifica ni con recibos, ni con sus cuentas corrientes, ni con sus declaraciones a Hacienda ni de ningún otro modo los ingresos que obtiene, a la cantidad que debe recibir el Ayuntamiento se le llegan a restar dinero por obras sin que se sepa si están dentro del contrato, ni cuándo ni dónde se han hecho, y hasta se ha dejado a deber parte del canon de un ejercicio y no se ha pagado hasta dos años después sin que esto le acarree intereses de demora ni las sanciones previstas en el contrato”, ha ahondado el líder de la formación liberal en Fuengirola.

 

¿Por qué el PP no quiere que nadie controle las cuentas?

Este escenario supone un evidente incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las Bases de Ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento y del propio pliego de condiciones del contrato, que establece que incluso debe poner en manos del Ayuntamiento un duplicado de los recibos e informes con carácter trimestral. “Se está hurtando a la Intervención y a los técnicos municipales de ejercer el más mínimo control sobre un contrato que supone una facturación anual de 8 millones de euros, y la ley dice que ese control, se debe hacer mediante procedimientos de auditoría”, ha expuesto Toro.

 

Por ello, el portavoz de la formación naranja se preguntó “qué interés tiene el equipo de gobierno para incumplir la ley y el contrato y no poner a ningún técnico municipal a controlar las cuentas” de Gestagua.

 

Contrato expirado y beneficios ilegales

Los años sin expedientes de aprobación de la liquidación coinciden con la expiración del contrato, que finalizó su vigencia el 30 de septiembre de 2017 tras alcanzar el límite máximo legal de 25 años. Según el criterio de la Intervención municipal, siguiendo lo establecido por el Consejo Consultivo de Andalucía y la doctrina de la Audiencia Nacional, la empresa no debe percibir beneficio industrial, fijado en el 10% del total de los costes. Pese a ello Gestagua se está quedando con este dinero, en total 1,83 millones de euros en esos tres ejercicios, a lo que habría que sumarle la parte correspondiente al último trimestre de 2017 (unos 150.000 euros). De aplicarse el criterio de Intervención esas cantidades pasarían a considerarse canon del Ayuntamiento.