Despojar a alguien de su casa constituye uno de los procesos más duros que cualquier persona puede experimentar. Durante años la triste realidad del desahucio ha protagonizado el debate social, mediático y político en nuestro país. Sin embargo, como sucede siempre que los partidos políticos o ciertas figuras mediáticas se convierten en líderes de alguna causa social, existe cierto riesgo de aprovechamiento electoralista del problema y, por tanto, de manipulación política como se pone de manifiesto actualmente en algunas grandes capitales de España.
Los desahucios siguen siendo un goteo constante en España. Así lo corrobora el informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial, Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales refleja que más de la mitad de los desahucios el 52,6% son de régimen de alquiler, el 43,3% de ejecuciones hipotecarias, procedente del impago de hipoteca, y el 4,1% restante obedeció a otras causas. Los datos ponen de manifiesto que los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 2,7% hasta junio, mientras que los acordados por impagos del alquiler descendieron un 1,2% en términos interanuales.
Por comunidades autónomas, el 23% de los desahucios practicados se produjo en Cataluña, el 16,4% en Andalucía, el 14,3% en la Comunidad Valenciana y el 10,6% en Madrid. Andalucía ha sido también la comunidad con mayor porcentaje de desahucios consecuencia de ejecuciones hipotecarias, con el 20% del total nacional.
De estos datos se deducen varias conclusiones:
En primer lugar el problema de los desahucios se dilata en el tiempo y su número se mantiene porque persisten las condiciones de crisis económica en las familias y por tanto en el país. Por otra parte es un buen termómetro para analizar la evolución de esta crisis tan profunda que nos aqueja la más grave y prolongada en el tiempo que esta humilde ciudadana haya vivido. Conociendo los datos se hace necesaria una política coordinada entre las instituciones para la localización de casos de especial vulnerabilidad. En este sentido en el año 2015 el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía junto con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias firmaron un convenio de colaboración algo que nos parece muy positivo pero que llega algo así como siete años tarde.
Sin embargo la firma de este convenio supone poner los cimientos para seguir trabajando en un plan que implique a otras instituciones como los ayuntamientos .Lo difícil como siempre es que se puedan coordinar todas con garantía de éxito porque si no tenemos cuidado, lo que nos puede pasar es que dupliquemos competencias y gastemos por tanto el doble de recursos en solucionar un mismo problema.
Nos preguntamos ¿vamos a incluirnos para conseguir la esperada coordinación que ayude a estas familias? ¿Habrá localidades que no se adhieran y por tanto lo habitantes pierdan estos beneficios? La burocracia y el protocolo mal entendido ahogan la eficacia y la rapidez necesarias en este tipo de situaciones. El Ayuntamiento de Torremolinos ha implantado una oficina antideshaucios para ofrecer a los ciudadanos intermediación y asesoramiento para evitar ejecuciones hipotecarias y desahucios en caso de impago del alquiler mediante un acuerdo con el colegio de abogados.
Bajo nuestro criterio anotamos que sería muy importante negociar con los distintos bancos que se han adherido al “Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual “ BOP martes 28/julio72015, además de negociar con el Sared ( banco malo) que ofrecen viviendas sociales. A nivel autonómico existen oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios acogidas al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda (PADV) .
Toda esta labor tan encomiable no nos cabe duda que se hace fuerte en la colaboración entre la Junta y el Consejo General del Poder Judicial puede tener quizás un punto débil en lo que se refiere a los Ayuntamientos. Sobre esto hay que ahondar hay que buscar la participación de todos para intentar paliar o directamente solucionar los problemas de los ciudadanos en esta situación. Creemos que se han puesto los cimientos bien es cierto y desde nuestro grupo apoyaremos todas las medidas que se hagan en este sentido porque no hay que olvidar que Ciudadanos considera la vivienda como un derecho social…como recoge el Art. 47 de la constitución española
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la autorización de suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación
Es por todo ello que proponemos :
- Creación de un órgano consultivo para analizar exhaustivamente todos los recursos que ofrecen las distintas administraciones en temas referentes a desahucios y segundas oportunidades
- Establecer el papel de este ayuntamiento como ente prioritario en información y prevención para desahucios
- Dotar al ayuntamiento de un departamento específico para ayuda y asesoramiento integral