Los diputados provinciales de Ciudadanos, Gonzalo Sichar y Teresa Pardo, han anunciado los requisitos que han trasladado al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga para poder iniciar la negociación de los Presupuestos 2018. Estos requisitos se basan en acuerdos plenarios y de los Presupuestos de 2017 que no se han llevado a cabo todavía, por lo que no es posible comenzar ninguna negociación si el equipo de gobierno no cumple previamente lo acordado.
Las condiciones que Ciudadanos plantea para iniciar las conversaciones se pueden dividir en dos grupos: las relacionadas con servicios y ayudas a los municipios malagueños y las propias de la organización interna.
Desde que Ciudadanos llegó a la Diputación, ha trabajado para mejorar la asistencia a los municipios en servicios que son esenciales. Por ello, Sichar y Pardo piden que se materialicen de forma inmediata las siguientes medidas:
- Pago de las cuotas del Consorcio Provincial de Bomberos de los municipios menores de 5.000 habitantes correspondientes al año 2017.
- Solución avalada por Intervención al pago del tratamiento de residuos sólidos urbanos de los municipios menores de 2.000 habitantes correspondiente al año 2016 y de los menores de 5.000 habitantes correspondiente al año 2017.
- Refuerzo del SEPRAM con dos secretarios a jornada completa hasta final de año.
- Convocatoria de la Comisión Extraordinaria de Desarrollo Económico y Productivo para evaluar y votar todas las ayudas de carácter excepcional y urgente que los municipios han solicitado a la Oficina de Atención a los Alcaldes en 2017.
Además, Ciudadanos exige otros dos requisitos relacionados con el funcionamiento interno de esta institución y sus entes dependientes que comenzaron a negociarse entre todos los grupos políticos hace más de un año, pero que siguen sin avances, y urge su aprobación:
- Entrega a la Secretaría General de la propuesta de modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación.
- Entrega a la Secretaría General de la propuesta de modificación de los Estatutos del Patronato de Recaudación Provincial.
La repercusión económica que tendría el cumplimiento de estos requisitos en los pequeños municipios ronda los dos millones de euros. Al tratarse de municipios de menos de 5.000 habitantes, esta cantidad supone una disponibilidad importante de recursos económicos que dejarían de emplear en pagar servicios que presta la Diputación para dedicarlos a otros fines en función de las necesidades de cada pueblo.