El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este martes por unanimidad de todos los grupos regularizar la plantilla de la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, tras pedirlo así en una moción el grupo de Ciudadanos en la institución.
La actual plantilla de 72 empleados de Turismo y Planificación procede en su totalidad de la subrogación de personal efectuada en 2013 tras la fusión del Patronato de Turismo, la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), y la Empresa Provincial de la Vivienda (Emprovima). Por ese motivo la moción de Ciudadanos pedía con carácter urgente un cronograma para regularizar a dicha plantilla conforme a los principios de publicidad, capacidad y libre concurrencia. Todos los grupos políticos han aprobado esta propuesta.
El pleno ha aprobado también por unanimidad hacer entrega a los miembros del consejo de administración de esta empresa del borrador del convenio colectivo que se está negociando, a fin de que todos dispongan de información adecuada al respecto.
En su moción, Ciudadanos argumentaba que la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol se estaba utilizando como una administración paralela, mediante el abuso de la figura jurídica de las encomiendas de gestión, lo que permite adjudicar trabajos superiores a los 18.000 euros de forma directa y evitando las licitaciones públicas.
En 2015 las encomiendas de gestión de la Diputación a Turismo y Planificación alcanzaron los 1.363.111,63 euros. Con esas encomiendas de gestión se impide la concurrencia de empresas a contratos de la administración. En muchos casos los precios abonados en estos trabajos se encuentran fuera de mercado.
Además, la sociedad Turismo y Planificación subcontrata parte de estos trabajos, como sucedió con la Bienal de Flamenco, donde de los 300.000 euros transferidos se hicieron subcontrataciones por valor de 241.110,36 euros (80%).
La formación naranja solicitaba además que la empresa renunciase a actividades ajenas a los fines de la Diputación, como el turismo de cruceros o congresos, que en nada afectan a los municipios menores de 20.000 habitantes, y que ya son atendidos por otras administraciones, como el Ayuntamiento de Málaga.